La medida fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación por un plazo de doce meses. Desde la provincia de Tierra del Fuego rechazaron la decisión y confirmaron que recurrirán a la Justicia.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) formalizó la intervención del puerto de Ushuaia aduciendo la detección de graves irregularidades financieras, desvíos de fondos y un marcado riesgo operativo debido al déficit de infraestructura. La resolución establece que la intervención tendrá una vigencia inicial de un año para normalizar la administración de la terminal portuaria.

Ante esta situación, el gobernador Gustavo Melella manifestó su firme rechazo a la medida nacional y aseguró que no comparte los fundamentos técnicos ni políticos del organismo central. En este contexto, el gobierno de Tierra del Fuego anticipó que llevará el conflicto al ámbito judicial para intentar frenar la intervención y recuperar el control del puerto.