Nicolás Maduro enfrenta una creciente presión política en Venezuela y, según fuentes internacionales, ha detenido ilegalmente a ciudadanos de distintas nacionalidades como estrategia para negociar su huida del país. En total, más de 20 extranjeros de Argentina, España, Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay estarían bajo custodia del régimen venezolano, que busca un salvoconducto hacia naciones aliadas como Cuba o Rusia.

El contexto político es tenso. La crisis se desató tras el supuesto fraude cometido por Maduro contra los candidatos opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, quienes se proclamaron ganadores de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Este panorama ha generado una creciente presión interna y externa, recordando la reciente caída del dictador sirio Bashar Al Assad, quien buscó refugio en Rusia tras perder el poder.

Entre los detenidos destaca el caso del gendarme argentino Agustín Nahuel Gallo, quien había ingresado a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja. Sin vínculos oficiales con el gobierno argentino ni con operaciones de inteligencia, Gallo fue acusado arbitrariamente de espionaje por el régimen de Maduro.

El dilema diplomático argentino

El canciller argentino Gerardo Werthein ha encabezado gestiones diplomáticas para liberar a Gallo, pero los esfuerzos han sido limitados debido a la falta de apoyo inmediato de Brasil, Colombia y México, así como de organismos internacionales como la ONU. Aunque Lula da Silva asumió la representación de Brasil en Venezuela, el Palacio de Itamaraty no ha mostrado una acción concreta frente al caso.

Werthein explora ahora alternativas a través de Francia, pero enfrenta el precedente de canjes similares realizados por Maduro. En 2021, el régimen liberó a ciudadanos estadounidenses a cambio de su testaferro Alex Saab, extraditado a Estados Unidos por corrupción.

Secuestrados bajo acusaciones infundadas

Los detenidos incluyen perfiles diversos, desde turistas hasta trabajadores, que fueron arrestados bajo acusaciones infundadas de espionaje o conspiración. Entre ellos, figuran los españoles José María Basoa y Andrés Martínez, acusados de pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia de España, y el peruano Renzo Huamanchumo Castillo, guardaespaldas en Estados Unidos, detenido mientras visitaba a la familia de su pareja.

Maduro planea aprovechar la transición política en Estados Unidos y la fractura ideológica en América Latina para consolidar su posición negociadora. De no lograr estabilidad antes de su asunción prevista para el 10 de enero de 2025, podría usar a los detenidos como moneda de cambio para garantizar su exilio.