La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner en la causa por presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. Sin embargo, la ex presidenta no irá a prisión y, además, el fallo no le impide ser candidata en las próximas elecciones legislativas de 2024, ya que el veredicto no es aún definitivo y puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, última instancia del proceso judicial.

El fallo de Casación, conocido este lunes, no está firme, y según establece el artículo 375 del Código Procesal Penal Federal, solo las sentencias definitivas pueden ejecutarse. Este artículo señala que una condena debe haber agotado todas las instancias judiciales posibles para ser ejecutada, lo que implica que la Corte Suprema debe pronunciarse antes de que el fallo de Casación adquiera firmeza. La Corte es el único tribunal que no tiene plazos definidos para resolver, por lo que el tiempo que demore en tratar la causa es incierto.

En el caso de que la Corte ratifique la sentencia, esta será definitiva y el expediente regresará al Tribunal Oral Federal 2, que llevó adelante el juicio, para proceder con la ejecución de las penas. Según la ley, Cristina Kirchner, de 71 años, podría solicitar prisión domiciliaria debido a su edad en caso de que deba cumplir la pena de prisión efectiva. Asimismo, si la Corte confirma la condena, la ex mandataria quedaría inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos, lo que incluye tanto puestos en la administración pública como cargos electivos.

Hasta que la Corte no se pronuncie sobre la causa, Kirchner tiene la posibilidad legal de postularse como candidata en las elecciones de 2024, un escenario que podría hacerse realidad si la máxima instancia judicial demora su veredicto.

El artículo 375 del Código Procesal Penal Federal, en vigencia desde 2021, marca una diferencia importante en los procesos judiciales de Argentina. Hasta su implementación, una persona podía ser detenida antes de la sentencia firme si Casación rechazaba la apelación de un fallo. Ahora, esta posibilidad solo aplica si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, situación que no se planteó en la causa de obra pública contra la ex presidenta.

Este contexto genera expectativas sobre la situación judicial y política de Kirchner, en un año en el que su presencia electoral podría redefinir el escenario político argentino.