Multas y sanciones para gremios aeronáuticos tras medidas de fuerza en Aeroparque

El gobierno nacional anunció hoy que aplicará sanciones y multas a los gremios aeronáuticos responsables de las recientes medidas de fuerza que afectaron gravemente a miles de pasajeros en el Aeroparque Jorge Newbery. La protesta, catalogada como un «paro encubierto» por el vocero presidencial Manuel Adorni, generó una serie de cancelaciones y demoras en los vuelos de varias aerolíneas, entre ellas Jetsmart, FlyBondi y Aerolíneas Argentinas.

Adorni criticó duramente la alteración de los horarios de las asambleas informativas de los sindicatos, lo que resultó en un significativo perjuicio para los pasajeros. «Se van a aplicar multas y sanciones contra todos los que realizaron estas medidas abusivas, como ya se hizo con más de 200 empleados», afirmó el vocero. Además, adelantó que Intercargo, empresa encargada del manejo de equipajes, descontará un total de 1,4 millones de pesos a 108 trabajadores por la pérdida de jornada laboral, con sanciones individuales que oscilarán entre 50.000 y 150.000 pesos.

La medida de fuerza, organizada por la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y empleados de Intercargo, obligó a Aerolíneas Argentinas y FlyBondi a trasladar varios vuelos domésticos y regionales al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, afectando significativamente la operatividad en Aeroparque. Según Adorni, este comportamiento no solo genera malestar entre los pasajeros, sino que también implica un daño económico considerable para las aerolíneas, con pérdidas estimadas en 500.000 dólares debido a cancelaciones y reprogramaciones.

El conflicto, que comenzó a principios de semana en los aeropuertos de Córdoba y Mendoza, ha escalado con el paso de los días. Aerolíneas Argentinas ya ha presentado denuncias ante la Secretaría de Trabajo, acusando a los gremios de paralizar intencionalmente la actividad y causar un daño directo a los pasajeros. El gobierno, a través de la Secretaría de Transporte, calificó las acciones sindicales como una «extorsión», reafirmando su decisión de descontar las horas no trabajadas a los empleados involucrados en las medidas de fuerza.

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