El Senado de la Nación aprobó ayer una ley que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria, generando un fuerte debate político y económico. La nueva normativa establece un aumento en los haberes previsionales y una recomposición de ingresos que, según el gobierno de Javier Milei, pone en riesgo el equilibrio fiscal del país. Ante esta situación, el presidente ha manifestado su intención de vetar la ley, argumentando que su implementación implicaría un costo insostenible para el Tesoro Nacional.

La ley aprobada por el Senado introduce varias modificaciones clave en la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones. Entre ellas, un aumento del 7,2% en los haberes previsionales, retroactivo a abril de 2024, que elevaría el haber mínimo de $234.540 a $251.427. Además, establece una garantía para que el ingreso más bajo del sistema contributivo sea de $317.704, calculado en base a la Canasta Básica Total (CBT) para un adulto.

Otra novedad es el pago de un extra del 8,1% a todos los jubilados y pensionados, con el objetivo de compensar la alta inflación de enero, que superó el 20%, mientras que el aumento otorgado por el Gobierno fue del 12,5%. Con este ajuste, el haber mínimo ascendería a $285.000.

La ley también establece la actualización mensual de jubilaciones y pensiones en función de la inflación, formalizando una práctica que el Gobierno ya había implementado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Además, introduce una compensación retroactiva para quienes recibieron aumentos inferiores a la inflación en meses anteriores.

El presidente Milei ha insistido en que vetará la ley, argumentando que su aplicación generaría un desajuste fiscal insostenible. La controversia ahora se centra en las posibles implicancias de esta medida para los jubilados, quienes podrían ver sus ingresos aumentar significativamente si se implementan los cambios aprobados por el Congreso.