La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse una serie de gastos insólitos y presuntos casos de corrupción. Según denunció el gobierno, la agencia desvió fondos a través de prestaciones médicas fraudulentas, sumando una cifra escandalosa de USD 3.400 millones. Estos hechos están siendo investigados por la fiscalía de Guillermo Marijuán.

Entre las irregularidades detectadas, un equipo médico descubrió una pensión por discapacidad laboral aprobada con la radiografía de un perro. Además, se estima que hay hasta 500 mil pensiones truchas sobre un total de 1.250.000.

La administración actual de ANDIS también ha identificado gastos discrecionales que se alejan del propósito de la agencia. Por ejemplo, se encontraron contrataciones de artistas, servicios de catering y eventos celebrativos, todos gestionados bajo la administración anterior.

Infobae accedió a un listado de 52 contrataciones recientes que suman $37.746.943. Entre los gastos se destacan $5.695.000 para una «Megamuestra 2023» en Tecnópolis, $900.000 para impresiones de remeras y banners para la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, y $2.100.000 para un servicio de catering en una jornada de capacitación de deportes.

Otros gastos incluyen $150.000 para la contratación del cantautor Ignacio Copani, $1.179.750 para el alquiler de luces y sonido, y $300.000 para catering en un evento de designación de trabajadores. La lista sigue con $200.000 en traslados para la grabación de un spot institucional y $420.000 para un servicio de catering por la firma de un convenio.

Las nuevas autoridades de ANDIS, bajo la dirección de Mario Russo en el Ministerio de Salud, consideran estos gastos como un uso inapropiado de los fondos públicos. Gonzalo Silva, secretario de Gobierno del partido de Villarino, enfatizó la necesidad de revisar y ajustar las políticas y gastos para evitar futuros desvíos de fondos.

Mientras las investigaciones continúan, el escándalo pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia y control en la gestión de fondos públicos, especialmente en organismos dedicados a sectores tan vulnerables como la discapacidad.