Este miércoles, el Senado comenzará a debatir la nueva fórmula jubilatoria aprobada semanas atrás en la Cámara de Diputados. El proyecto, que busca mejorar las jubilaciones, ha generado controversia, ya que el presidente Javier Milei ha anunciado que lo vetará debido a su posible impacto en el equilibrio fiscal.

A partir de las 17:00 horas, las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, lideradas por la macrista Carmen Álvarez Rivero y el jefe libertario Ezequiel Atauche, respectivamente, iniciarán la discusión del proyecto. La propuesta incluye una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente y una compensación adicional del 8,1% para cubrir el déficit inflacionario de enero.

El proyecto también garantiza que el haber mínimo cubra la canasta básica del adulto mayor, estableciendo un mínimo equivalente a 1,09 para evitar desfasajes en las subas. Además, incorpora un adicional anual del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC, permitiendo mejoras en las jubilaciones en contextos de crecimiento económico.

En Diputados, se acordó priorizar el pago de juicios de reajustes de haberes y deudas con cajas previsionales provinciales con fondos de la ANSES, sin afectar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Estos pagos se realizarán con tributos específicos asignados a la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA.

Uno de los puntos más controvertidos, el artículo 11 del dictamen, que proponía eliminar las jubilaciones de privilegio de los Presidentes y Vicepresidentes, fue rechazado por un estrecho margen (111 contra 109).

El oficialismo espera que este debate alivie la presión de la oposición, que ha solicitado una sesión especial para tratar el tema. La Libertad Avanza busca impulsar una reforma previsional más amplia, aunque enfrenta un panorama adverso en términos de votos.

Además, el Senado celebrará una sesión el jueves para aprobar los ascensos militares y sancionar la ley que declara el 18 de julio como Día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA en 1994. La ley establece que la Bandera Nacional se izará a media asta y que se realizarán actividades conmemorativas en las escuelas públicas y privadas.

Finalmente, se tratará la ley despachada por la comisión de Justicia, que impone penas de cuatro a diez años de prisión para quienes reciban o entreguen a un niño, haya mediado o no retribución.