La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra Serguéi Shoigú, exministro de Defensa de Rusia, y Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor ruso, acusándolos de crímenes de guerra y lesa humanidad. Estos delitos habrían sido cometidos entre octubre de 2022 y marzo de 2023 durante la invasión rusa a Ucrania.

Según el comunicado del tribunal, las órdenes de arresto fueron emitidas tras considerar que existían motivos razonables para creer que Shoigú y Guerásimov son responsables de «ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica de Ucrania» durante el periodo mencionado. Estos ataques se dirigieron contra numerosas plantas y subestaciones eléctricas en distintas partes del territorio ucraniano.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, la detención de los sospechosos parece poco probable. Rusia no es miembro de la CPI, no reconoce su jurisdicción y se niega a entregar a los acusados. El año pasado, el tribunal ya había emitido una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por su presunta responsabilidad en el secuestro de niños ucranianos.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, presentó la solicitud de las órdenes de arresto ante la Sala de Cuestiones Preliminares, argumentando que Shoigú y Guerásimov son responsables penalmente de los ataques, ya sea por haber ordenado su ejecución o por no haber controlado adecuadamente a las fuerzas bajo su mando. Los jueces señalaron que los ataques parecían dirigidos contra objetivos civiles y que los daños colaterales a civiles y bienes civiles eran claramente excesivos en comparación con la ventaja militar anticipada.

Además, se denunció que estos ataques formaban parte de una campaña que implicaba la comisión múltiple de actos contra la población civil, llevada a cabo según una política estatal. Esto sugiere que los sospechosos causaron intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves, lo que los hace responsables penalmente de crímenes de lesa humanidad.

A pesar de que los detalles específicos de las órdenes de arresto se mantienen en secreto para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones en curso, la CPI ha autorizado la divulgación pública de la existencia de estas órdenes, así como los nombres de los sospechosos y los crímenes de los que se les acusa.

Estas nuevas órdenes de detención se suman a las ya emitidas en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, incluyendo las de dos militares rusos en marzo pasado y la del presidente ruso Vladimir Putin el año anterior.