Una investigación del The New York Times ha revelado un plan sistemático y atroz ordenado por el presidente ruso Vladimir Putin para secuestrar niños ucranianos y borrar su identidad nacional, obligándolos a ser adoptados por familias rusas. Este horror es otro oscuro capítulo derivado de la invasión de Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022.

El caso del hogar de acogida Kherson Children’s Home es especialmente desgarrador. Natalia Lukina, médica del hogar, llegó temprano el día de la invasión solo para enfrentarse a la brutalidad del ataque ruso. Junto con su equipo, decidió quedarse para proteger a los niños, muchos de los cuales tenían discapacidades graves.

Olena Korniyenko, directora del hogar, preparó mochilas de emergencia y trasladó a los niños a un refugio improvisado en una iglesia local, temiendo que las fuerzas rusas los encontraran. Lamentablemente, esos temores se hicieron realidad el 25 de abril de 2022, cuando oficiales rusos se llevaron a los niños a 290 kilómetros de distancia.

La investigación de The New York Times ha demostrado que este traslado fue parte de una campaña de Putin y sus aliados para asimilar a los niños ucranianos. La comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, en una reunión televisada con Putin, pidió ayuda para reubicar a estos niños, prometiendo eliminar trámites legales para facilitar su adopción por familias rusas.

Los cuidadores ucranianos lucharon por semanas para evacuar a los niños del territorio ocupado. Sin embargo, en octubre de 2022, los niños fueron transportados a Crimea bajo el control de las autoridades rusas. Allí, las autoridades iniciaron un proceso para otorgarles la ciudadanía rusa y facilitar su adopción.

A pesar de estos esfuerzos, algunos niños han sido rescatados. Siete menores, incluidos Anastasiya y Mykola Volodin, regresaron a Ucrania con la ayuda de las autoridades ucranianas y mediadores internacionales. Anastasiya, lamentablemente, falleció poco después.

Las acciones de Putin y sus colaboradores han sido calificadas por expertos como posibles crímenes de guerra. El fiscal de la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra Putin y Lvova-Belova por el traslado ilegal de «por lo menos cientos de niños» de Ucrania. Mientras tanto, muchos niños de Jersón siguen bajo la custodia de Rusia, esperando justicia y un posible retorno a su patria.