El juez Sebastián Casanello descubrió facturas falsas por $25 millones en la investigación sobre el manejo de los planes sociales, implicando a Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero. Las facturas fueron emitidas por una imprenta ligada al Partido Obrero y una empresa fantasma.

La imprenta, “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”, ubicada en Almagro, fue allanada sin hallar rastro de su actividad. Además, la imprenta tiene solo dos empleadas registradas, una de ellas abogada de varios imputados en la causa. La otra empresa, Coxtex SA, creada en 2020 y dedicada supuestamente a la venta de electrodomésticos, está registrada en la AFIP como proveedora de facturas falsas.

Casanello señaló que estas empresas simularon gastos para justificar el uso de fondos. Entre 2020 y 2023, el Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor recibieron $360 millones, de los cuales solo rindieron $113 millones, incluyendo los $25 millones en facturas sospechosas.

Belliboni deberá declarar el 25 de junio, junto a Adrián Albornoz, supuesto dueño de la imprenta, y María Isolda Dotti, quien tenía $54 mil dólares debajo de su cama. También podría ser interrogado sobre las conversaciones interceptadas con Jeremías Cantero, su segundo al mando.

Tras conocer su citación, Belliboni presentó un escrito y designó abogada defensora. El juez lo incluyó en la lista de personas inhibidas, junto a otros implicados, prohibiéndoles vender sus bienes mientras dure la investigación.

La causa comenzó en diciembre con una denuncia del Ministerio de Seguridad y 924 reportes a la línea 134, de los cuales se tomaron en cuenta 45. El expediente avanzó con escuchas telefónicas y otras pruebas, saliendo a la luz hace dos semanas tras múltiples allanamientos ordenados por el fiscal Gerardo Pollicita. Al menos 10 denunciantes ingresaron al Programa de Testigos Protegidos por temor a represalias.