El juez federal Sebastián Casanello instruyó al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Petovello, a elaborar un plan en 72 horas para distribuir de manera inmediata cinco mil toneladas de alimentos almacenadas para ayuda social. La resolución se enmarca en una causa iniciada en febrero por el dirigente social Juan Grabois, quien denunció la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios bajo el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”.
Casanello dispuso un operativo en los depósitos para detallar los alimentos almacenados. La orden especifica que el Ministerio debe atender la cantidad, tipo, fecha de vencimiento y destinatarios de los alimentos, ejecutando la distribución de forma inmediata.

La denuncia de Grabois reveló que en los centros de distribución de Villa Martelli y Tafí Viejo se almacenan 2.751.653 kilos y 2.269.078 kilos de alimentos respectivamente, sin ser distribuidos. Esta situación fue reconocida por el vocero presidencial Manuel Adorni y el Ministerio de Capital Humano, que admitieron irregularidades en la distribución de los alimentos bajo el gobierno de Alberto Fernández y afirmaron estar trabajando en un nuevo mecanismo de distribución.
El juez subrayó la importancia del derecho a la alimentación, vinculándolo con el derecho a la vida, la dignidad y la salud, y citó informes de la UCA que indican que el 57,4% de la población argentina vive en pobreza, con más del 60% de niños y adolescentes afectados, de los cuales el 32% sufre inseguridad alimentaria.

Aunque Casanello rechazó el pedido de la fiscal Paloma Ochoa para distribuir los alimentos a todos los comedores registrados, ordenó a la Administración definir los medios más adecuados para asegurar el derecho a la alimentación adecuada.
Finalmente, el juez ordenó un informe detallado del stock actual de alimentos en los depósitos y la elaboración de un plan de entrega inmediata de la comida en 72 horas.





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