El Gobierno nacional apelará la orden del juez federal Sebastián Casanello, que requiere la distribución inmediata de cinco millones de kilos de alimentos almacenados para ayuda social. El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que la medida judicial interfiere con la política pública y aseguró que la mayor parte de los alimentos, 3,1 millones de kilos, son de yerba mate.

El juez Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Petovello, elaborar en 72 horas un plan para distribuir los alimentos. Además, dispuso un operativo para detallar todo lo almacenado en los depósitos. Esta decisión surge tras una denuncia del dirigente social Juan Grabois, quien acusó al Ministerio de suspender la entrega de alimentos en comedores comunitarios.

Adorni explicó que los alimentos están reservados para emergencias y catástrofes, una práctica común no solo en Argentina. «Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock», dijo Adorni. Añadió que ningún alimento bajo custodia está en riesgo de vencerse ni será desechado.

El portavoz también comentó que las críticas provienen de quienes han perdido privilegios debido a cambios en el esquema de distribución. «A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios y con todo un esquema en la Argentina, donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal», afirmó.

La denuncia de Grabois detalló que en los centros de distribución de Villa Martelli y Tafí Viejo se almacenan casi cinco mil toneladas de alimentos. Adorni reconoció la situación y explicó que se están verificando y mejorando los mecanismos de distribución.

El juez Casanello argumentó que el derecho a la alimentación está ligado a la vida, la dignidad y la salud, derechos protegidos constitucionalmente. Citó informes de la Universidad Católica Argentina que indican que el 57,4% de la población está en situación de pobreza, y el 32% de los niños padece inseguridad alimentaria severa.

Finalmente, Casanello ordenó un inventario detallado de los alimentos almacenados y la elaboración de un plan para su distribución inmediata en 72 horas, enfatizando la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la alimentación.