En una denuncia penal presentada recientemente, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, expone una situación alarmante: cerca del 50% de los comedores y merenderos asistidos por el gobierno anterior resultaron ser inexistentes. El informe señala que solo se pudo verificar la existencia del 52,3% de estos establecimientos; el resto ha dejado de operar o nunca existió en las direcciones registradas.

La denuncia, que implica incumplimientos y fraude a la Administración Pública, surge tras una serie de auditorías que revelaron que muchos de los alimentos destinados a la población vulnerable terminaron en lugares incorrectos, incluyendo un comedor ficticio localizado dentro de un country. Estos hallazgos han llevado a cuestionar severamente la supervisión de los programas de asistencia durante el mandato de los exministros Daniel Arroyo y Victoria Tolosa Paz, y el exintendente Juan Horacio Zabaleta.

Entre los comedores denunciados como inexistentes figuran nombres como “Conquistando Sonrisas” y “Luz de Luna de Pereyra”, además de otros que simplemente se listaron con un número de expediente sin direcciones verificables. Además, se mencionan casos como el de “Sol de Barrio”, donde ni siquiera los vecinos reconocen la existencia pasada de un comedor.

La denuncia también critica la falta de controles efectivos sobre los recursos destinados al programa “Argentina contra el Hambre”, lanzado durante la pandemia de COVID-19 para fortalecer la seguridad alimentaria nacional. Según la actual administración, esta negligencia permitió que los fondos fueran desviados por organizaciones sin las debidas validaciones.

El Ministerio de Capital Humano recalca que esta presentación judicial forma parte de una política más amplia de anticorrupción y transparencia emprendida por el gobierno actual. Asimismo, desde diciembre de 2023, han intensificado las auditorías a diversas secretarías para corregir y prevenir este tipo de irregularidades.

Con estas acciones, el gobierno busca asegurar que la asistencia alimentaria llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, evitando que el desvío de recursos continúe bajo cualquier forma de administración. Ahora, la justicia deberá determinar el destino de los recursos y establecer las responsabilidades pertinentes.