Una serie de allanamientos ha sido realizada a dirigentes de organizaciones piqueteras como Polo Obrero y Barrios de Pie, implicados en una investigación por extorsionar a beneficiarios de planes sociales, según fuentes judiciales. La Justicia Federal ha emitido órdenes de allanamiento a 27 domicilios y sedes de organizaciones, en un esfuerzo por desmantelar una red acusada de coaccionar a los beneficiarios para participar en manifestaciones y contribuir financieramente bajo la amenaza de perder su asistencia.

Las investigaciones se originaron tras una serie de denuncias recibidas en la línea 134, que fue habilitada por el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de Patricia Bullrich. Los testimonios de las víctimas indicaron que se les exigía participar en movilizaciones y vender productos alimenticios suministrados por el estado, destinados a comedores populares. Entre los imputados se encuentran figuras prominentes como Jeremías Canteros y Elizabeth Palma, además de otros miembros activos de dichas organizaciones.

Durante los operativos se secuestraron millones de pesos, dólares, dispositivos electrónicos, y numerosa documentación vinculada a la administración de los planes sociales. «Los chats de apriete» capturados en los dispositivos de los acusados revelaron la estructura organizada y la naturaleza coercitiva de estas prácticas.

Esta operación destaca un conflicto persistente entre el gobierno y las organizaciones piqueteras, quienes han sido tradicionalmente intermediarios en la distribución de la ayuda social. La administración actual ha procurado modificar esta dinámica, eliminando la intermediación de estos grupos mediante un cambio en la gestión de los planes sociales, lo que ha generado tensiones y frecuentes manifestaciones.

La justicia sigue investigando el caso, con el objetivo de rastrear el flujo de fondos ilícitos y establecer el alcance total del beneficio económico obtenido por los acusados. Este escándalo subraya la necesidad de una revisión en la forma en que se administran y distribuyen los recursos del estado, buscando garantizar que la ayuda llegue directamente a quienes realmente la necesitan, sin ser manipulada por intereses particulares.