La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) presentó una acción de amparo ante la Justicia, proponiendo un esquema para la devolución de los aumentos de precios aplicados por las empresas de medicina prepaga. Según esta medida, se sugiere la devolución del 70% de los incrementos por sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec, distribuido en siete cuotas consecutivas e iguales.

El Gobierno argumenta que las empresas de salud habrían aumentado los precios mediante prácticas de abuso de posición dominante y abuso de poder, afectando la libre competencia en el mercado. En respuesta, sugieren una corrección que revierta los aumentos presuntamente dispuestos de manera irregular.

La propuesta contempla la devolución del excedente entre el 70% promedio del costo de vida y el 140% promedio de suba aplicada por las principales prepagas. Este 70% sería devuelto en cuotas iguales durante siete meses, considerando el IPC de cada mes. Por ejemplo, si la inflación mensual es del 10%, no habría aumento, pero si es del 11%, la suba correspondiente ascendería al 1%.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud señalaron que esta acción no implica una intervención del mercado, sino que busca garantizar la transparencia y la libre competencia. Afirmaron que el objetivo del Gobierno es desregular el sistema de salud para promover la libre elección entre obras sociales y prepagas, impulsando así un sistema más equitativo y eficiente.

Las empresas intimadas a retrotraer los aumentos son Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios, La Unión Argentina de Salud (UAS) y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, presidente de Swiss Medical S.A. y entonces presidente de la UAS.

El sector de la salud privada expresó preocupación, afirmando que la aplicación de esta medida podría llevar al quiebre del sistema privado de salud en un plazo de 60 días. Según cálculos preliminares, las cuotas deberían reducirse en un 25% para ajustarse a los aumentos sobre la inflación.